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Los indignados recopilan un arsenal de propuestas y reivindicaciones para desvincular la creación cultural de las leyes del mercado, recuperar los espacios públicos y gestionar mejor los recursos
Hasta hace muy poco, una persona que escribía canciones, grababa discos y ofrecía conciertos era un músico. Pues bien, el Gobierno de Catalunya ha decidido dejar a un lado eufemismos y hablar con claridad: esa persona no es un músico, ni siquiera un artista, sino una empresa cultural. Semejante aseveración no se rumia en las reuniones a puerta cerrada de sus dirigentes, ni siquiera ha sido descubierta en la última filtración de Wikileaks, sino que figura en la batería de normas económicas conocidas como Ley Ómnibus. Literalmente, dice así: "Se incluyen dentro de este concepto [empresa cultural] las personas físicas que ejercen una actividad económica de creación artística o cultural".
Esta treta legal sube un peldaño más hacia la identificación de la cultura con las leyes del mercado y el beneficio económico, una práctica que no es exclusiva de Catalunya: la potenciación del ámbito de las industrias culturales y la creación de riqueza contante y sonante ha sido uno de los ejes vertebrales del programa de Ángeles González-Sinde al frente del Ministerio de Cultura, con la polémica norma antidescargas a la que dio nombre.
El 15-M no ha soslayado el mundo cultural y prácticamente desde su comienzo existen comisiones específicas dedicadas a reflexionar y actuar sobre este ámbito. De hecho, una de las chispas que prendieron la mecha fue la movilización contra la ley Sinde y la creación de la plataforma ciudadana #nolesvotes, que llamaba al boicot electoral a los tres partidos que impulsaron la norma en el Congreso (PSOE, PP y CiU). Tras dos meses de trabajo, la Comisión de Cultura de Acampada Barcelona cerraba a finales de julio un documento con propuestas, reivindicaciones y reflexiones que posteriormente fue apoyado por el Grupo de Cultura de Sol en Madrid.
Sobre el término ‘cultura'
"La primera Asamblea de Cultura a la que asistí fue el 17 de mayo, dos días después de las grandes manifestaciones. Había 150 personas y nos tiramos toda la reunión intentando definir qué era la cultura", señala el videoartista Txalo Toloza, que, como todos los integrantes del 15-M, aclara que habla en representación de sí mismo. "Me gustó una persona que argumentó que definir la cultura era intentar cerrarla, de la misma manera que lo habían hecho las políticas neoliberales, y eso era restringir nuestro trabajo", continúa.
El Grupo de Cultura de Sol, vinculado a la acampada de Madrid, también debatió sobre el concepto de cultura y delineó su trabajo en cuatro apartados: Educación, Gestión, Patrimonio y Pensamiento. Según sus reflexiones, "la cultura no es algo que se valore socialmente, ni siquiera dentro del Movimiento 15-M, porque no es visible a la manera de lo que dicta esta sociedad, es decir, su producto principal no es algo tangible".
No al mercado
Como es habitual en el 15-M, se apunta alto y se cuestiona todo de raíz. "Estamos aprendiendo constantemente", dice Lali Álvarez, poeta y dramaturga vinculada al grupo de Barcelona. Una de las principales líneas de reflexión gira en torno a la vinculación de la cultura con los resultados monetarios y la obra final. "La política cultural no puede estar orientada a una mera consecución de beneficios económicos. La sociedad actual, y especialmente las administraciones, llaman cultura a un stock de productos de mercado que tienen que ser vendidos. Nosotros, en cambio, llamamos cultura a todos los procesos que nos conforman como sociedad. No tiene por qué ser necesariamente una obra que tú puedas vender, porque la cultura no es sólo el arte", expone Álvarez.
El 15-M reacciona contra el concepto de mercado cultural y denuncia que la cultura es una presa más del paradigma neoliberal del que no escapa ni siquiera la educación. "Lo que traducido para el corriente es: apostar por las grandes industrias y apuestas globales, recortar el dinero a la cultura y reencauzar lo que queda a la primera apuesta y acabar con los creadores que no producen dinero", denuncia en el blog soymenos.wordpress.com Jorge Luis Marzo, comisario de exposiciones, profesor de la Universitat Pompeu Fabra y un participante activo en la Comisión de Cultura del 15-M en Barcelona. Marzo critica conceptos que los políticos venden como políticas culturales, como el de "Catalunya como marca". "La excepcionalidad cultural, la necesidad de competir, siempre bordeando la clave esencial de la bóveda: la marca como dinero contante y sonante", denuncia Marzo.
Investigación y emergencia
¿Tiene sentido subvencionar una obra cultural que va a tener unos beneficios extraordinarios gracias a su explotación comercial? Frente a esto, desde el Movimiento 15-M se exige "intensificar el apoyo a las prácticas culturales de base que se dedican a la investigación y a aquellas plataformas que dan cobertura a la creación emergente, más que a aquellas centradas en la producción cultural de consumo masivo".
Al mismo tiempo, reivindican que las políticas culturales se adapten a los tiempos productivos propios de la investigación. "La mayoría de subvenciones están muy marcadas para que se hagan en un mes, generen un producto y venderlo. Sin embargo, hay procesos que no funcionan así y se quedan fuera", sostiene Lali Álvarez.
Políticos, lejos de la cultura
El documento del grupo de Barcelona, abierto y en proceso de elaboración permanente, se inicia con dos sentencias contundentes: "La política cultural no es la cultura" y "Las instituciones públicas no hacen la cultura". En opinión de Txalo Toloza, "lo que falla es que los políticos creen que la cultura la hacen ellos, que son ellos los que tienen que decidir cuál es la cultura que debe guiar un país, pero realmente no debe ser así".
Y cita como ejemplo el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca), una institución independiente que pretendía servir de herramienta para liberar la cultura de las guerras políticas y que no ha fructificado. "Con los últimos recortes, este Gobierno ya se lo ha cargado", lamenta Toloza. "Además, los recursos estaban mal utilizados: un tercio de su presupuesto, que eran 15 millones de euros, se iba en gastos de gestión", añade.
En Madrid también reclaman mayor transparencia del gasto público en cultura y que los órganos de discusión estén abiertos a los ciudadanos. "Debemos desarrollar foros de debate en espacios públicos sobre gestión cultural en nuestro país", reivindican. Javier Pérez, miembro del Grupo de Cultura de la Acampada Sol, pone un ejemplo: "Los centros culturales de la Comunidad de Madrid han sido regalados a manos de sólo dos empresas privadas que ofertan productos pésimos o no ofertan nada".
La cultura de las masas
La cultura ha de funcionar como un arma de defensa de la democracia, no como su patio de recreo. Así lo cree Sonia, una de las encargadas de la internacionalización del 15-M, que cuenta con apoyos en diferentes países del mundo. "La apuesta común en todos los países es pensar entre todos y todas cómo la cultura puede contribuir a desarrollar verdaderamente los valores democráticos en nuestras sociedades (tales como la libertad, igualdad, participación, transparencia, excelencia y justicia), desde la concepción de una cultura libre, participativa, plural y sostenible", explica Sonia, que adelanta la preparación de un encuentro internacional de creadores para el 15 de octubre, fecha de las movilizaciones a nivel mundial.
En ese sentido, el grupo de Pensamiento Cultural de Madrid plasma la idea de una cultura que "viene de todos": cultura de las masas frente al modelo dominante de una cultura de masas. Entre sus propuestas, esbozan proposiciones de claro contenido social que buscan romper con el individualismo de la sociedad actual, tales como "sacar a la gente a la calle, recuperar las plazas para el bien común y priorizar el trabajo con ancianos, inmigrantes, niños y asociaciones de vecinos".
Del pueblo para el pueblo
Una de las reivindicaciones básicas es que los recursos públicos invertidos en cultura reviertan al dominio público. "Las actividades de los productores culturales que reciban subvenciones públicas tienen que devolver valor social añadido a la sociedad. Esta devolución puede tomar forma de socialización de sus procesos y resultados, a través del acceso gratuito, mediante la exigencia de uso de licencias libres o compartiendo públicamente estos activos", declaran desde el grupo de Barcelona.
La redefinición del espacio público, la intensificación de una educación en la sensibilidad frente al consumismo y el fomento del paradigma del procomún son otros frentes de acción que, como todo, permanecen abiertos y en proceso. Se empezó hace sólo tres meses.
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